Palabras del Dr. Sergio
López Ayllón, Director General del Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE), en la ceremonia de entrega de los resultados de los foros de
Justicia Cotidiana al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
• Señor Presidente Enrique Peña Nieto,
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
• Dr. Miguel Ángel
Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito Federal
• Distinguida
Procuradora General de la República
• Señores
Secretarios y miembros del Gabinete
• Señores
Gobernadores
• Señor Presidente
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
• Señor Presidente
de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia
• Señoras y Señores Rectores, Directores
y Presidentes de las instituciones académicas, gubernamentales y sociales que
nos acompañaron durante el proceso de consulta
• Señoras y Señores
Estamos aquí para entregar al Señor Presidente de la República los
resultados de la encomienda que nos formuló en noviembre de 2014 y para adelantar
ante todos ustedes, algunos elementos que están en el fondo de toda la
reflexión sobre la justicia en nuestro régimen democrático: la posibilidad de
hacer efectivos los derechos de las personas.
Ésta ha sido la discusión que hemos desarrollado durante los
quince foros de consulta y análisis que se llevaron a cabo en los meses de
enero y febrero de este año. Hicimos una convocatoria al lado de otras 17
instituciones. Fue un ejercicio basado en la diversidad: diversidad de
testimonios, de perspectivas y regionales.
Fue también un esfuerzo de cercanía con los ciudadanos, basado en una
convicción esencial: las grandes transformaciones –en realidad- comienzan con
pequeños cambios capaces de incidir en la vida de las personas.
Adelanto dos de los principales hallazgos. El primero, que
encontramos un escenario profundamente preocupante sobre la justicia cotidiana,
sus instituciones y sus efectos en la vida de la gente. Estamos obligados a
reconocer que hoy, la mayoría de los mexicanos, carecemos de los medios y
condiciones para solucionar nuestros conflictos a través de las instituciones.
El segundo, que la justicia cotidiana corresponde principalmente
al ámbito de los gobiernos estatales, y que por ello muchas de las soluciones
pasan por fortalecer las capacidades de los sistemas de justicia local.
Existen muchas razones que explican por qué nos encontramos en
este punto, pero no es el lugar ni el momento para discutirlas. Quisiera
únicamente subrayar que el primer gran obstáculo para una justicia cotidiana es
que las personas no conocen sus derechos. Y cuando los conocen, difícilmente
saben cuáles son las vías para reivindicarlos. Conviene recordar que la
conciencia de los derechos es el corazón de la ciudadanía real y que constituye
la única fórmula que ha encontrado la democracia, para vincular al Estado con
las personas.
El siguiente eslabón es, paradójicamente, el momento en que las
personas se acercan, por la razón que sea, a las instituciones de justicia. Los
procesos son largos y onerosos, los servicios de representación jurídica
inciertos y de mala calidad, y las sentencias frecuentemente incomprensibles
cuando no inejecutables. Así, el
conflicto que dio origen a la intervención institucional no sólo permanece sin
solución, sino que genera otros nuevos conflictos.
Esos procedimientos, además, tienen lugar en instituciones con
capacidades institucionales limitadas, abandonadas en términos presupuestales y
con una independencia frágil. Pero son estos espacios olvidados, los
responsables de atender la mayor parte de los conflictos de los mexicanos. El
caso de la justicia laboral y de los salarios mínimos es muy elocuente de esta
situación, y su status quo, constituye una de las fuentes más extendidas del
malestar y la desafección social.
Por ello, las instituciones de justicia no tienen las condiciones
para pacificar y resolver problemas de personas, sino que administran
formalismos y procedimientos. Y ahí, en esa orientación, sucede la tragedia de
la discriminación sistemática o la perpetuación de las desigualdades sociales
en el acceso a la justicia y en sus condiciones de vida.
En este contexto, las posibilidades de que el Estado logre dar
vigencia plena a los derechos, mejore las condiciones de vida de la población,
propicie un entorno favorable al crecimiento económico y construya un auténtico
Estado de derecho simplemente se desvanecen.
Por ello, si queremos articular el tejido social, dar sentido de
pertenencia y confianza a los ciudadanos, así como ofrecer perspectiva de
futuro a la vida en común, tenemos que atrevernos a dar un salto hacia delante y
transformar esta realidad.
¿Cómo salir de esta situación? ¿Cómo tomar ventaja de los avances
institucionales que sin duda ha tenido el país para no quedarnos a medio
camino? ¿Cómo resolver los dilemas que enfrentan cada día quienes imparten
justicia a lo largo y ancho del país?
Estas son, entre otras, las preguntas que una y otra vez
impulsaron la reflexión de los expertos que participaron en el ejercicio, y
quienes comparten la convicción de que es posible superar este aparente
callejón sin salida.
En nuestra historia reciente tenemos muchos intentos y
contribuciones, políticas y académicas, que llevan años ensayando respuestas a
la falta de acceso a la justicia en México. La mayor parte de ellas han optado
por sugerir una revisión estructural; por una mirada que se enfoca en el
conjunto y una y otra vez, diseña su renovación.
El enfoque que adoptamos en los foros fue distinto. Esta vez
empezamos por identificar los problemas de las personas. A partir de la experiencia de cercanía y de la
conciencia de que el objetivo debe ser resolver problemas concretos y no sólo
aplicar la ley, hemos formulado recomendaciones que pretenden transformar,
paulatinamente, las condiciones de acceso a la justicia de la mayoría de los
mexicanos.
Conforme a este enfoque sabemos que no hay respuestas perfectas,
sino medidas graduales que tienen que ser identificadas y modificadas periódicamente.
Sabemos también que tampoco existen soluciones universales aplicables a todos
los problemas y que importa reconocer que la mayor parte de los conflictos se
desarrollan en un ámbito local. Tenemos plena consciencia que tenemos que ver
al horizonte, pero también que importa corregir la injusticias palpables sin
tener que esperar al diseño institucional perfecto y que cualquier decisión
sobre justicia tiene que estar anclada, no en la decisión de un legislador
lejano, sino en el diálogo razonado que permite el debido proceso entre los
afectados por esas decisiones.
El catálogo de problemas que encontramos es largo, heterogéneo y
complejo. Por ello las respuestas también son diversas y abarcan un amplio
espectro de medidas que en algunos casos implican cursos de acción
alternativos. En realidad, las 217 recomendaciones que se desprenden de los
foros y que ahora entregamos al Presidente de México y ante todos ustedes, constituyen
un programa de acción que puede servir de base para elaborar una política
pública y nacional de acceso a la justicia. La elaboración de esta política es
el principal reto que se deriva de la consulta y es la recomendación más
importante del ejercicio. Su diseño requiere del esfuerzo de todos los poderes
y órdenes de gobierno, y debe ser capaz de convocar también a la academia y la
sociedad civil.
Consideramos que la construcción de esa política debe responder a
una agenda, y por ello identificamos cuatro temas que consideramos prioritarios:
1.
La creación de centros de
asistencia jurídica temprana que puedan evolucionar a constituir una defensoría
pública vigorosa;
2.
Regular la actividad y la responsabilidad
profesional de los abogados;
3.
Revisar la operación de las
juntas de conciliación y arbitraje, y
4.
Diseñar un nuevo modelo de
justicia familiar.
La atención de cada uno de estos temas es compleja y requiere
diálogo y acuerdos políticos pues la competencia para resolverlos está
fragmentada en muchas instituciones tanto estatales como federales. Por ello, proponemos
que el Presidente de la República convoque a una instancia nacional de diálogo
y concertación que diseñe, proponga y evalúe una política pública nacional de
acceso a la justicia, dueña de la agenda prioritaria antes reseñada.
En dicha instancia deberán estar representados todos los poderes
en los tres niveles de gobierno, órganos constitucionales autónomos (INEGI,
CNDH), así como la academia y la sociedad civil.
Pero el diseño de esta política no es una condición para iniciar
acciones que permitan mejorar las condiciones concretas de acceso a la
justicia. Nuestro planteamiento se complementa con otras 8 acciones precisas, competencia
plena del titular del Ejecutivo Federal y otras seis que implican esfuerzos
conjuntos de los gobiernos estatales y la federación. Estas acciones, y otras
que se encuentran en el resto de las propuestas, buscan resolver injusticias
concretas y avanzar en resolverlas.
Señor Presidente de la República:
Las recomendaciones que contiene el informe general y las 20
acciones concretas que contiene la propuesta de plan de acción inmediato,
constituyen un esfuerzo heterodoxo pero honesto y comprometido con la justicia
en el país. Es el resultado del trabajo de muchos mexicanos que –generosos-
ofrecieron su tiempo y conocimiento, convencidos de que es posible transformar
la realidad para acercarnos a un país menos injusto.
Sería imposible agradecer a todos y cada uno -a los ciudadanos,
investigadores, funcionarios, expertos, abogados, jueces, magistrados personal
de apoyo- el esfuerzo realizado. Los recompensa el compromiso político del
gobierno de la República para hacer de la justicia cotidiana una prioridad.
Reconozco también a los rectores, presidentes y directores generales de las 17
instituciones que nos acompañaron, gracias por su fraterna solidaridad y
desinteresada participación en este ejercicio. Quiero hacer una especial
mención a la CONATRIB y a su presidente, así como el apoyo que nos brindo la
OCDE.
Finalmente agradezco a la comunidad del CIDE su apoyo y compromiso
con nuestra misión como centro público de investigación. Con este acto damos
cabal cumplimiento a la petición del Presidente Peña Nieto y damos cuenta a la
nación de sus resultados.
Termino con una conclusión aún más general: la agenda de justicia
es la agenda de la confianza. Está hoy en el centro del debate público, y debe
permanecer ahí. La discusión sobre la necesidad de fortalecer el Estado de
Derecho debe ser más concreta, más específica y terrenal; no se agota en la
aplicación de la ley, y pasa por lograr que las personas confíen en la manera
en que trabajan sus instituciones porqué ello tiene efectos justos,
equilibrados, pacificadores y convincentes.
Que cumplir las normas y dirimir institucionalmente los conflictos,
conviene a todos, especialmente a los más débiles.
Esta es la gran agenda pendiente de nuestra democracia constitucional y me
atrevería a decir, la agenda de la que depende en parte su vigencia; es la base
sin la cual los grandes problemas nacionales, no podrían encontrar su solución.
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